Thursday, April 20, 2006

Ley de Delitos contra el Ambiente y Recursos Naturales

LEY No. 559

LEY ESPECIAL DE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

Y LOS RECURSOS NATURALES

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO

I

Que la Constitución Política establece que es obligación del Estado preservar y

garantizar a los ciudadanos un ambiente saludable y en armonía con la

naturaleza.

II

Que la existencia de la vulnerabilidad ambiental cada día se agrava más como

producto del accionar de la sociedad sobre la naturaleza, que afecta a nuestros

recursos naturales y por ende al patrimonio de todos los nicaragüenses, poniendo

en riesgo la calidad y condiciones del medio ambiente y la salud, a través de la

contaminación de los suelos, las aguas y la atmósfera en sus diferentes

modalidades como los ruidos, olores, vertidos, basura y desechos nocivos, la tala,

quema y destrucción de nuestros bosques de manera indiscriminada, entre otras

principales actividades.

III

Que para coadyuvar en un verdadero desarrollo humano sostenible y mientras se

aprueba el nuevo Código Penal, se hace necesario tomar medidas urgentes y

coercitivas ante los impactos ambientales negativos y prácticas que violentan

normas elementales de comportamiento y convivencia social, principios de ética y

humanitarios, que se incrementan cada día, para lo cual es necesario establecer la

2

tipificación de algunas acciones más relevantes como delitos en contra del

ambiente y los recursos naturales, mediante una legislación especial que permita

frenar el avance acelerado de la degradación y pérdida de nuestros ecosistemas.

En uso de sus facultades;

HA DICTADO

La siguiente:

LEY ESPECIAL DE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

Y LOS RECURSOS NATURALES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Arto. 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto tipificar como delitos contra

el medio ambiente y los recursos naturales, las acciones u omisiones

que violen o alteren las disposiciones relativas a la conservación,

protección, manejo, defensa y mejoramiento del ambiente y los

recursos naturales, así como, el establecimiento de la

responsabilidad civil por daños y perjuicios ocasionados por las

personas naturales o jurídicas que resulten con responsabilidad

comprobada.

Arto. 2. Competencia. La Fiscalía General de la República será la autoridad

responsable de conocer y tramitar las denuncias respectivas, por la

violación a las disposiciones establecidas en la presente Ley. La

aplicación de la presente Ley y su Reglamento corresponde al Poder

Judicial a través de los Juzgados Locales y Juzgados de Distritos del

Crimen y de lo Civil, establecidos en todo el país. La Procuraduría

para la Defensa del Ambiente y de los Recursos Naturales, será

parte en los procesos ejerciendo la representación y defensa de los

intereses del Estado en esta materia.

Arto. 3. Definiciones. Para efectos de esta Ley, pasan a formar parte de la

misma las definiciones establecidas en la Ley General del Medio

Ambiente y los Recursos Naturales, Ley 217, del 6 de junio de 1996 y

las contenidas en otras leyes de carácter sectorial, así como la de los

convenios o tratados internacionales ratificados por Nicaragua en

materia ambiental.

Arto. 4. Normas técnicas. Para establecer la conducta ilícita, la autoridad

judicial deberá observar y auxiliarse de lo que para tal efecto

determinen las normas técnicas obligatorias u otras normativas

ambientales, que fijen los límites permisibles al ambiente, dictadas

por las instituciones competentes de conformidad a sus atribuciones

establecidas en la Ley de la materia.

Arto. 5. Medidas cautelares. Durante el proceso judicial de delitos contra el

medio ambiente y los recursos naturales, la autoridad competente, ya

sea de oficio o a petición de parte o de la Procuraduría para la

Defensa del Ambiente y de los Recursos Naturales, deberá adoptar

medidas cautelares o de orden legal, con el fin de restaurar, prevenir

o evitar la continuidad de los efectos del daño causado, entre estas

las siguientes:

a) Realización de acciones necesarias para restablecer los

ecosistemas afectados al estado en que se encontraban antes

de cometer el delito.

b) Suspensión, cancelación, modificación o demolición de las

construcciones, obras o actividades que hubieren dado lugar a

la realización del delito.

c) Devolución de ejemplares o especies de la biodiversidad a los

hábitat de donde fueron sustraídos.

CAPITULO II

DELITOS CONTRA EL AMBIENTE

Arto. 6. Contaminación del suelo. Las personas naturales o jurídicas que

de forma dolosa sin autorización correspondiente de la autoridad

competente realicen directa o indirectamente, o autoricen y permitan

el descargue, depósito o infiltración de aguas residuales, líquidos o

materiales químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes

tóxicos en los suelos, por lo que se ocasione o pueda ocasionar

inminentemente daños a la salud, a los recursos naturales, la

biodiversidad, calidad del agua o a los ecosistemas en general, se

les impondrá una pena de seis meses a cinco años de prisión y multa

en córdobas equivalente entre un mil (U$ 1,000.00) a cincuenta mil

dólares (U$ 50.000). Esto sin menoscabo del pago de los daños

causados a terceros.

Arto. 7. Contaminación de aguas. La misma pena del artículo anterior se

impondrá a las personas naturales o jurídicas que de forma dolosa

sin autorización correspondiente de la autoridad competente realicen

directa o indirectamente, o autoricen y permitan el descargue,

depósito o infiltración de aguas residuales, líquidos o materiales

químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes tóxicos en aguas

marinas, ríos, cuencas y demás depósitos o corrientes de agua, que

ocasionen o puedan ocasionar inminentemente daños a la salud, a

los recursos naturales, la biodiversidad, calidad del agua o a los

ecosistemas en general.

Arto. 8. Contaminación Atmosférica. El que de forma dolosa y sin la

autorización correspondiente de la autoridad competente, mediante

el uso o la realización de quemas de materiales sólidos y líquidos,

químicos o bioquímicos o tóxicos, genere o descargue emisiones

puntual o continua que contaminen la atmósfera y el aire con gases,

humo, polvos o contaminantes que ocasionen daño a la salud de las

personas, a los recursos naturales, la biodiversidad o a los

ecosistemas, se le impondrá la misma pena señalada en el artículo

anterior.

Arto. 9. Contaminación por ruido. El que utilizando medios sonoros,

electrónicos o acústicos de cualquier naturaleza, tales como

altoparlantes, radios, equipos de sonido, alarmas, pitos, maquinarias

industriales, plantas o equipos de cualquier naturaleza y propósitos,

instrumentos musicales y micrófonos, entre otros, ya sea en la vía

pública, en locales, en centros poblacionales, residenciales o

viviendas populares o de todo orden, cerca de hospitales, clínicas,

escuelas o colegios, oficinas públicas, entre otras; produzcan sonidos

a mayores decibeles que los establecidos por la autoridad

competente y de las normas y recomendaciones dictadas por la

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización

Panamericana de la Salud (OPS), que causen daño a la salud o

perturben la tranquilidad y descanso diurno y nocturno de los

ciudadanos será sancionado con multas equivalentes entre C$ 5,000

a C$ 20,000 mil córdobas después de dos llamados de atención por

la autoridad competente en la alcaldía municipal respectiva, además

de la suspensión, cancelación o clausura de las actividades que

generan el ruido o malestar.

Las actividades tales como: Campañas evangelísticas masivas

realizadas al aire libre en: Plazas, parques y calles requerirán

autorización municipal y/o policial.

Se exceptúan las actividades de las congregaciones religiosas dentro

de sus templos, tales como: Cultos, ayunos congregacionales

diurnos y vigilias nocturnas.

Se exceptúan los que tengan establecidos sistemas de protección

acústica que impidan la emisión de sonidos, música o ruidos, hacia

fuera de los locales debidamente adecuados para tales fines y que

cuenten con la autorización municipal y policial correspondiente y

dentro de los horarios permitidos.

Arto. 10. Transporte de materiales y desechos tóxicos, peligrosos o

contaminantes. Las personas naturales o jurídicas que de forma

dolosa y con grave peligro a la salud de las personas y al medio

ambiente transporten en cualquier forma materiales y desechos

tóxicos, peligrosos y contaminantes o a quien autorice u ordene su

realización en contravención a la legislación ambiental vigente en

esta materia, se le impondrá una pena de seis meses a cinco años

de prisión y multa en córdobas equivalente entre cinco mil (U$

5,000.00) a cincuenta mil dólares (U$ 50.000).

Arto. 11. Almacenamiento, manipulación o derrame de sustancias

tóxicas, peligrosas o contaminantes. Las personas naturales o

jurídicas que de forma dolosa, almacenen, distribuyan, comercialicen,

transporten, manipulen o utilicen gasolina, diesel, kerosen u otros

derivados del petróleo, gas butano, insecticidas, fertilizantes,

plaguicidas o cualquier otro agroquímico, sustancia peligrosas,

explosivas, viertan o dispongan desechos o residuos sólidos, líquidos

o gaseosos que sean tóxicos o materiales radioactivos, sin cumplir

con las medidas y precauciones establecidas en la legislación

vigente, por cuyas causas se produzcan derrames o fugas que

gravemente expongan a las personas al peligro o provoquen daños

graves a los suelos, a la salud de la población, al medio ambiente y

los recursos naturales, será sancionado con prisión de tres a cinco

años y multa equivalente en córdobas entre cincuenta mil (U$

50,000.00) a cien mil (U$ 100,000.00) dólares, además del cierre

temporal o definitivo del sitio afectado y la reparación a su costa del

daño causado.

Arto. 12. Desechos degradables o no biodegradables. Las personas

naturales o jurídicas que de forma dolosa y sin la autorización

correspondiente de la autoridad competente arrojen cualquier clase

de basura o desechos degradables y no biodegradables de cualquier

naturaleza a cauces pluviales, quebradas, ríos, lagos, lagunas,

esteros, cañadas, predios vacíos, vías públicas, plazas, parques,

áreas verdes, playas o cualquier otro lugar no autorizado para ese fin

y que cause o pueda causar inminentemente graves daños a la

salud o al medio ambiente, será sancionado con multa equivalente

en córdobas de cincuenta dólares (U$ 50.00) a un mil dólares (U$

1.000.00). En caso de personas jurídicas la multa será el equivalente

en córdobas de cinco mil dólares ( U$ 5.000.00) a cincuenta mil

dólares (U$ 50.000.00), en caso de no pagar multa señalada se

impondrá la pena de prisión de seis meses a un año.

Arto. 13. Aumento de las penas. Las penas establecidas en los artículos

anteriores, serán aumentadas en cinco veces, en los siguientes

supuestos, cuando:

a) El daño se ocasione a reservorios de agua destinada para

consumo humano.

b) Se destruyan manglares o rellenen lagunas naturales o

artificiales o esteros.

c) Afecten los suelos y subsuelos de asentamientos

poblacionales y la salud de las personas.

d) Se realice dentro de las Áreas Protegidas.

e) Destruyan total o parcialmente ecosistemas costeros

marítimos.

f) Se realicen en áreas declaradas por la autoridad competente,

como de especial valor biológico, ecológico, educativo,

científico, histórico, cultural, recreativo, arqueológico, estético

o de desarrollo económico.

g) Causen daño directo o indirecto a una cuenca hidrográfica.

h) Afecten recursos hidrobiológicos.

i) La quema de materiales sólidos, líquidos, químicos y

biológicos se produzcan en calles o avenidas de ciudades,

centros poblacionales o predios urbanos.

j) La contaminación se produzca por imprudencia temeraria.

k) Como producto del ruido excesivo y/o continuo se produzcan

daños severos comprobados a la salud de las personas.

l) Reincidencia en la realización del ilícito.

m) Ocasionen enfermedades contagiosas que constituyan peligro

para las personas y las especies de vida silvestre.

n) Sean cancerígenas o alteren la genética de las personas.

o) Ocasionen riesgos de explosión, o sean inflamables o

sustancialmente radioactivos.

Arto. 14. Penas para empleados o funcionarios públicos. Las mismas

sanciones se impondrán si las conductas antes señaladas son

realizadas u ordenadas por empleado o funcionario público en el

ejercicio de sus funciones, además de inhabilitarlo para ejercer

empleo o cargos públicos durante dos años.

Arto. 15. Violación a lo dispuesto en el Estudio de Impacto Ambiental

(EIA). La persona natural o jurídica que altere, dañe o degrade el

ambiente por violación de los límites y previsiones del Estudio de

Impacto Ambiental, aprobado por la autoridad ambiental respectiva,

será sancionado con prisión de 2 a 4 años e inhabilitación para

ejercer cargos públicos.

Arto. 16. Información falsa al Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La

persona natural o jurídica autorizada para elaborar o realizar

Estudios de Impacto Ambiental, que incorpore o suministre

información falsa en los documentos, informes, estudios,

declaraciones, auditorías, programas o reportes que se presenten a

la autoridad correspondiente, permitiendo la realización o desarrollo

de un proyecto u obra, que produzca daños al ambiente, a sus

componentes, a la salud humana o a la integridad de los procesos

ecológicos, será sancionada de 2 a 4 años de prisión.

Si por causa de lo anterior sobreviene la extinción de una especie, la

destrucción de un ecosistema, reservorios o fuentes de agua o el

daño es irreversible que afecte a toda una comunidad o a gran

número de personas, la sanción se aumentará en cinco veces de la

establecida en el párrafo anterior.

Arto. 17. Funcionario que permita información falsa al EIA. El funcionario

público encargado de aprobar, revisar, fiscalizar, o dar seguimiento a

los Estudios de Impacto Ambiental, que dolosamente permita la

incorporación o suministro de información falsa, de conformidad al

artículo anterior, será sancionado con pena de 2 a 4 años de prisión

e inhabilitación para el ejercicio de cargo público por igual período.

CAPÍTULO III

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES

Arto. 18. Aprovechamiento ilegal de recursos naturales. La persona natural

o jurídica que sin autorización de la autoridad competente o

excediéndose de lo autorizado, aproveche los recursos naturales,

será sancionado de 6 meses a 2 años de prisión, además de restituir

a su costa la situación a su estado anterior al ilícito.

Arto. 19. Desvío de corrientes de aguas. El que sin autorización de la

autoridad competente, o excediéndose de la autorización concedida,

construya diques, muros de contención, obstruya, retenga, desvíe o

haga disminuir el libre curso de las aguas de los ríos, quebradas u

otras vías de desagüe natural, de manera permanente, afectando

directamente los ecosistemas, la salud de la población o las

actividades económicas, será sancionado con pena de 1 a 3 años de

prisión, debiendo además restituir a su costa la situación a su estado

anterior.

Arto. 20. Impedir aprovechamiento de las aguas. El concesionario

autorizado a usar las aguas para generación de energía

hidroeléctrica, que impida a las comunidades aledañas al proyecto el

aprovechamiento de las aguas en cualquiera de su estado para

consumo personal, será sancionado con una multa en córdobas

equivalente entre tres mil (U$ 3.000.00) a quince mil (U$ 15.000.00)

dólares.

Arto. 21. Pesca en época de veda. El que pesque o realice actividades de

extracción, recolección, captura, comercio y transporte de recursos

hidrobiológicos, en áreas prohibidas o en época de veda, será

sancionado con prisión de 1 a 2 dos años y el decomiso del producto.

La pena se aumentará al doble, si en dichas actividades se utilizan

aperos no autorizados o prohibidos por la autoridad competente, o se

capturen o extraigan ejemplares declarados amenazados o en

peligro de extinción de conformidad a los apéndices del Convenio

CITES (Convención Internacional) o que no cumplan con las tallas y

pesos mínimos de captura establecidos por la autoridad competente.

Arto. 22. Trasiego de pesca o descartes en alta mar. El que trasiegue

productos de la pesca en alta mar o no lo desembarque en puertos

nicaragüenses, será sancionado de tres a cinco años de prisión, el

decomiso del producto y la cancelación definitiva de la Licencia.

Con igual pena se sancionará al que realice descartes masivos de

productos pesqueros al mar o capture tiburones solamente para

cortarle las aletas.

Arto. 23. Pesca sin dispositivos de conservación. Las personas autorizadas

a realizar pesca que no lleven instalado en sus embarcaciones los

dispositivos de conservación y protección de especies establecidas

por la legislación nacional y los Convenios Internacionales de los que

el pais es suscriptor, será sancionado de dos a cuatro años de

prisión.

Arto. 24. Pesca con explosivos. El que pesque con elementos explosivos,

venenos u otra forma de pesca destructiva, así como el uso de

trasmallos en bocanas y arrecifes naturales será sancionado de dos

años a cuatro años de prisión y el decomiso de los equipos e

instrumentos utilizados.

Arto. 25. Pesca con bandera no autorizada. El que realice actividades

pesqueras con embarcaciones industriales o artesanales de bandera

extranjera sin la debida autorización, será sancionado de uno a dos

años de prisión y decomiso de la embarcación.

Arto. 26. Captura de especies de la biodiversidad. El que capture

especímenes de la biodiversidad, animal o vegetal o de recursos

genéticos, sin el permiso respectivo y con el fin de traficar,

comercializar o exportar, será sancionado de 3 a 5 años de prisión y

con multa equivalente en córdobas entre mil (U$ 1.000.00) a diez mil

(U$ 10.000.00) dólares.

Arto. 27. Caza de animales en peligro de extinción. El que cace animales

que han sido declarados en peligro de extinción por los Convenios

Internacionales ratificados por el país, será sancionado de 2 a 4

años de prisión y multa equivalente en córdobas de cinco mil

(US$5,000.00) a veinte mil (U$20.000.00) dólares. La pena será

aumentada al doble, si la actividad se realiza en áreas protegidas.

Si la caza se realiza sobre especies de animales que no están en

peligro de extinción, pero sin el permiso de la autoridad competente o

en áreas protegidas, la sanción será una multa equivalente en

córdobas entre doscientos (U$ 200.00) a un mil (U$ 1.000.00)

dólares).

Arto. 28. Comercialización de fauna y flora. Las personas interesadas en la

comercialización o venta pública de especies de la fauna o flora

silvestre, que no estén catalogadas como en peligro de extinción o

restringida su comercialización, deberán contar con un permiso

especial otorgado por la autoridad competente. Su incumplimiento

será sancionado con multa equivalente en córdobas de un mil (U$

1,000.00) a cinco mil (U$ 5.000.00) dólares y el decomiso de las

especies.

A quienes violaren lo establecido en el Convenio sobre el Comercio

Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES) y

su legislación respectiva, serán sancionados con multas equivalente

en córdobas de dos mil dólares (U$2,000.00) a diez mil dólares

(U$10,000.00).

La reincidencia para ambos casos será penada con el doble de la

multa establecida y prisión de 6 meses a 1 año.

Arto. 29. Incendios forestales. El que provoque de manera dolosa,

negligente o incite a otros a la realización de incendios forestales o

promueva actividades idóneas para su ejecución, será sancionado

con 2 a 4 años de prisión y multa equivalente en córdobas a

quinientos dólares (U$ 500.00) por cada hectárea dañada.

Las personas autorizadas a realizar quemas agrícolas que causen

daños fuera del área destinada para la quema, quedan sujetas a las

sanciones establecidas en el párrafo primero.

Las personas que realicen quemas agrícolas sin la debida

autorización y causen daños fuera del área destinada se le aplicará

en dos veces las sanciones establecidas en el párrafo anterior.

Se exceptúan de estas sanciones las quemas controladas y

autorizadas por la autoridad competente.

Arto. 30. Tala rasa y veda forestal. El que tale en forma rasante, remueva

total o parcialmente la vegetación herbácea, o destruya árboles o

plantas en terreno estatales, baldíos, comunales, propiedad particular

y vías públicas, será sancionado con multa equivalente en córdobas

de trescientos (U$ 300.00) dólares a tres mil dólares (U$3,000.00)

dólares.

La pena será aumentada al doble si las actividades descritas en los

párrafos anteriores, se realizan en bosques primarios o secundarios

en cantidades superiores a tres hectáreas, en áreas protegidas o

cuencas hidrográficas. Igual pena se aplicará al funcionario público

que lo autorice o lo permita.

Se exceptúa el aprovechamiento que se realice con fines de uso o

consumo doméstico dentro de la misma comunidad.

El que realice actividades prohibidas en las disposiciones de una

veda forestal será sancionado con prisión de 2 a 4 años, además del

decomiso del producto y de las herramientas y medios utilizados,

incluyendo el medio de transporte usado para estos fines.

Arto. 31. Talas en vertientes y pendientes. El que deforeste, tale o destruya

árboles o arbustos, aún siendo el propietario destinados a la

protección de vertientes o manantiales naturales o áreas de recarga,

será sancionado de 2 a 4 años de prisión y multa equivalente en

córdobas de doscientos (U$ 200.00) a cinco mil (U$ 5.000.00)

dólares, debiendo además sembrar cinco árboles por cada árbol

talado de la misma especie.

Igual pena se aplicará al que realice cambios de uso de suelos con

vocación forestal sin la debida autorización.

Arto. 32. Corte, transporte y comercialización ilegal de madera. El que

corte, transporte y comercialice recursos forestales sin el respectivo

permiso de la autoridad competente, será sancionado con prisión de

dos a cuatro años y multa equivalente al doble del precio de

referencia internacional del producto.

Arto. 33. Corte o poda de árboles en casco urbano. Las personas naturales

o jurídicas que corten o poden árboles que se encuentran en los

alrededores de una propiedad ubicada en el casco urbano de la

ciudad sin el permiso del INAFOR, será sancionado con multa

equivalente en córdobas de cincuenta (U$ 50.00) a un mil (U$

1.000.00) dólares.

Las podas de ramas o árboles a orillas de las carreteras, avenidas,

calles o bulevares deberán realizarse con el permiso del INAFOR y

utilizando las técnicas recomendadas para estos casos, su

incumplimiento será sancionado con multa equivalente en córdobas

de cincuenta (U$ 50.00) a doscientos (U$200.00) dólares.

Arto. 34. Incumplir con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Las

personas naturales o jurídicas que deforesten, talen o destruyan,

remuevan total o parcialmente la vegetación herbácea, o árboles sin

cumplir con los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y las normativas

técnicas y ambientales establecidas por la autoridad competente,

será sancionado de 2 a 4 años de prisión y multa equivalente en

córdobas de doscientos (U$ 200.00) a cinco mil (U$ 5.000.00)

dólares.

Arto. 35. Comercio ilegal de minerales. Ocultar, exportar o vender

sustancias minerales con fines fraudulentos se considerará como

defraudación fiscal y se sancionará con una pena de 2 años a 5 años

de prisión y el decomiso del producto. La reincidencia será penada

con el doble de la pena establecida.

CAPITULO IV

OTROS DELITOS

Arto. 36. Lotificación, Urbanización y Construcción. La persona que

lotifique, urbanice y construya en suelos no autorizados o de riesgos,

incumpliendo la normativa existente y poniendo en grave peligro al

ambiente o a los bienes y la vida de la población, será sancionada

con prisión de 3 a 6 años y multa equivalente en córdobas entre

cinco mil (U$5,000.00) a veinte mil (US$20,000.00) dólares. En este

caso el juez ordenará la demolición de la obra.

El servidor público que otorgue permisos o autorizaciones de obras o

proyectos en zonas de alto riesgo o inundables, será sancionado con

la mitad de la pena de prisión establecida en el párrafo anterior,

además de sufrir la inhabilitación especial para ejercer el cargo, la

profesión, oficio, comercio u otros derechos relacionados con el ilícito

cometido. En este caso el juez ordenará la demolición de la obra a

costa del acusado.

Arto. 37. Daños físicos o maltrato a animales. A la persona que se le

compruebe la realización de maltratos, crueldad o ensañamiento a

animales de cualquier especie, sean domésticos o no, e

independientemente al uso o finalidad de los mismos, aún siendo de

su propiedad, causándoles daños físicos por golpes, castigos o

trabajos manifiestamente excesivos que lo lleven a padecer de

impedimentos o causen daños a su salud, estrés o la muerte, será

sancionada con multa equivalente en córdobas de cincuenta (U$

50.00) a quinientos (U$ 500.00) dólares.

Igualmente se sancionará con el doble de la multa y prisión de 1 a 3

años, a la persona que realice espectáculos violentos o sangrientos

entre animales, sean en lugares públicos o privados, mediando

apuestas o sin ellas.

Se exceptúan aquellos espectáculos o juegos de tradición popular,

como peleas de gallos y corridas de toro.

Arto. 38. Incumplimiento de pago de canon o multas. Las personas

naturales o jurídicas que no realicen en tiempo y forma los pagos de

cánones por aprovechamiento de recursos naturales y/o el pago de

las multas por sanciones impuestas por la autoridad competente,

serán sancionadas con una pena de 1 año a cinco años de prisión.

Arto. 39. Introducción de especies invasoras, agentes biológicos o

bioquímicos. Las personas naturales o jurídicas que introduzcan,

utilicen o propaguen en el país especies de flora y fauna invasoras,

agentes biológicos o bioquímicos capaces de alterar

significativamente las poblaciones de animales o vegetales o pongan

en peligro su existencia, además de causar daños al ecosistema y la

biodiversidad, sin la debida autorización, se sancionarán con prisión

de seis meses a un año de prisión y una multa equivalente en

córdobas de un mil (U$ 1.000.00) a diez mil (U$ 10,000.00) dólares.

Arto. 40. Alteración del entorno o paisaje natural. La alteración significativa

o perturbadora del entorno y paisaje natural urbano o rural, de su

perspectiva, belleza y visibilidad panorámica, mediante

modificaciones en el terreno, construcciones de diferentes

naturaleza, rótulos o anuncios de propaganda de cualquier tipo,

instalación de antenas, postes y torres de transmisión de energía

eléctrica o de comunicaciones que no cuenten con el Estudio de

Impacto Ambiental (EIA) y con las autorizaciones de las autoridades

correspondientes, municipales o del Gobierno Central, según su

ubicación, serán sancionados con multas equivalentes en córdobas

de quinientos dólares (U$ 500.00) a diez mil dólares (U$10,000.00),

más la demolición de la construcción o retiro de los objetos a costa

del que cometa el delito.

La reincidencia se sancionará con el doble de la multa más prisión de

6 meses a 1 año.

Arto. 41. Escala de intensidad de sonidos. Para efecto de lo establecido en

el artículo 9 de la presente Ley, se deberá incluir como contaminante

ambiental el ruido producido por los escapes de automotores.

Asimismo, se define al decibel como la unidad de medida en una

escala logarítmica que sirve para expresar la intensidad de un

sonido. De conformidad a la Guía para el Ruido Urbano de la

Organización Mundial de la Salud (OMS), se establece una escala

con intensidades máximas tolerables que no afecten la salud de las

personas, en los valores siguientes:

a) Para dormitorios en las viviendas 30 decibeles para el ruido

continúo y 45 para sucesos de ruido únicos. Durante la noche

los niveles de sonido exterior no deben exceder de 45

decibeles a un metro de las fachadas de las casas.

b) En las escuelas, colegios y centros preescolares el nivel de

sonido de fondo no debe ser mayor de 35 decibeles durante

las clases.

c) En los hospitales durante la noche no debe exceder 40

decibeles y en el día el valor guía en interiores es de 30

decibeles.

d) En las ceremonias, festivales y eventos recreativos el sonido

debe ser por debajo de los 110 decibeles.

El Reglamento de esta Ley podrá establecer otros valores guías no

contemplados en esta disposición, que deberán ser observados.

El incumplimiento a lo antes señalado será sancionado de

conformidad a las penas señaladas en el artículo 9 de la presente

Ley.

CAPITULO V

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Arto. 42. Cuantía de daños. Toda persona penalmente responsable de un

delito contra el ambiente y los recursos naturales es también

civilmente si del ilícito resultan daños o perjuicios. El juez de la

causa establecerá en su sentencia de manera razonada la

fundamentación en que se basa para la cuantía de los daños e

indemnizaciones, para lo cual deberá auxiliarse de las actas

levantadas por los técnicos e inspectores de las autoridades

competentes en la materia, sin perjuicio de los peritajes que el propio

juez requiera de oficio o a petición de parte.

Arto. 43. Reparación del daño. La reparación del daño será el

restablecimiento de la situación anterior al daño ambiental, en los

casos que sea posible, y subsidiariamente, en la indemnización

económica al Estado por el daño y perjuicio ocasionado al ambiente

y los recursos naturales, incluyendo a los particulares o

comunidades, en su caso.

La responsabilidad civil en la reparación del daño al ambiente y los

recursos naturales no prescribe ni para el responsable directo o

quien lo sustituya legalmente.

Arto. 44. Responsabilidad solidaria. Si del ilícito resultaren varias personas

responsables del daño ambiental, la responsabilidad será solidaria.

El empleado o funcionario público que por acción u omisión autorice

o permita la realización de acciones que causen daños al ambiente y

los recursos naturales, será solidariamente responsable y responderá

con su patrimonio por los daños ocasionados.

Arto. 45. Indemnización. Los directivos o representantes de personas

jurídicas, compañías o sociedades que se vean involucrados

directamente en delitos contra el ambiente y los recursos naturales,

responderán con su patrimonio personal cuando el de la persona

jurídica, sociedad o compañía sea insuficiente para cubrir la

reparación del daño o la indemnización correspondiente.

.

Arto. 46. Sanciones penales y administrativas. La responsabilidad civil por

delitos contra el ambiente y los recursos naturales no impide las

sanciones de carácter penal y administrativas a que sean

merecedoras los autores del hecho.

Arto. 47. Garantía financiera. Toda actividad, obra, carreteras, caminos,

represas, urbanizaciones, lotificaciones, construcción, instalación,

industria, exploración y explotación de recursos naturales que una

vez iniciada su ejecución vaya a producir modificaciones a las

condiciones físicas, químicas o biológicas a la fauna, flora, suelo,

atmósfera, agua, paisajes, estructuras y funcionamiento del

ecosistema en general, está condicionada para su autorización

además del Estudio de Impacto Ambiental, a la presentación de una

garantía financiera suficiente a juicio del MARENA y la Procuraduría

para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, para

cubrir el riesgo de reparación de los daños ambientales.

CAPITULO VI

DE LAS MULTAS

Arto. 48. Sentencia motivada. En la aplicación de las multas a que se hace

referencia en los artículos anteriores, los jueces y tribunales la fijarán

en sentencia motivada, debiendo tomar en cuenta la situación

económica del imputado, así como la gravedad del hecho,

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó y las

características y antecedentes del autor en relación con la conducta

delictiva.

Arto. 49. Pago de multas. Las multas impuestas por la comisión de delitos

contra el ambiente y los recursos naturales deberán pagarse dentro

de los treinta días de haberse dictado la sentencia, pudiendo el juez

a solicitud de parte establecer prórrogas o plazos mayores o cuotas

sucesivas si lo estima conveniente, además de tomar las medidas

necesarias en caso de no cumplir la persona condenada con el pago

respectivo.

Arto. 50. Destino de las multas. Lo obtenido como producto de las multas

impuestas será manejado a través del Fondo Nacional del Ambiente,

creado por la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los

Recursos Naturales, del veintisiete de marzo de 1996, y conforme a

su Reglamento, Decreto 91-2001 del 24 de septiembre de 2001.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES COMUNES

Arto. 51. Decomiso. Sin perjuicio de la aplicación de las penas establecidas

en los artículos anteriores, la autoridad judicial ordenará el decomiso

de todos los instrumentos, vehículos, equipos, armas y otros objetos

utilizados en la comisión de los delitos, así como los productos,

subproductos, partes, beneficios y derivados que se hayan obtenido

de estos.

Lo decomisado deberá pasar a un Fondo Especial que estará bajo la

responsabilidad y custodia del MARENA. El Estado atenderá las

necesidades presupuestarias para financiar total o parcialmente

proyectos o programas dirigidos a la protección o a sufragar los

costos para la devolución de las especies de la fauna silvestre a su

habitat o apoyar la manutención de las mismas en los zoológicos

establecidos en todo el país.

Arto. 52. Suspensión de la pena de prisión.- La autoridad judicial que

conoce de la causa, podrá suspender o reemplazar la pena de

prisión, siempre y cuando se cumpla con las obligaciones de

mitigación, restauración, reparación del daño y de otras

responsabilidades, de conformidad a la valoración técnica que realice

la autoridad ambiental competente y la aceptación de los afectados.

Sin embargo, los condenados por alguno de los delitos establecidos

en la presente Ley, además de la pena que le corresponde por el

ilícito, serán inhabilitados para contratar, directa o indirectamente con

la administración pública hasta por un término de tres años.

Arto. 53. Reparación voluntaria. Se podrá suspender la acción penal si el

culpable de la realización de cualquiera de los delitos tipificados en

los artículos anteriores, hubiera voluntariamente ejecutado la

reparación del daño causado, siempre y cuando este no sea grave,

sus efectos sean reversibles y se cumpla con las obligaciones de

mitigación, restauración, reparación del daño y otras

responsabilidades, para lo cual el juez de la causa tomará en

consideración la valoración técnica que realice la autoridad ambiental

competente.

Arto. 54. Suspensión de Licencias o permisos. Las personas jurídicas que

promuevan, ocasionen, subsidien o dirijan algunos de los hechos

tipificados como delitos en esta Ley, serán sancionadas con la

suspensión de la licencia o permiso de operaciones de uno a tres

años, según la gravedad del daño causado y la inhabilitación para

contratar con la administración pública por un plazo de dos años.

Arto. 55. Atenuantes. Serán considerados como atenuantes por la autoridad

judicial, aplicables a los delitos establecidos en esta Ley y reduciendo

la pena hasta las dos terceras partes en los casos siguientes:

a) Cuando el ilícito se realice por razones de subsistencia y en

áreas de extrema pobreza.

b) Cuando los autores o el autor muestre arrepentimiento activo y

repare y compense inmediatamente el daño causado o

restaure o mitigue los efectos causados.

Arto. 56. Dictámenes técnicos. Las autoridades civiles y militares

competentes deberán colaborar con el judicial de la causa brindando

los dictámenes técnicos o periciales necesarios para el

esclarecimiento de las denuncias presentadas por la comisión de

delitos contra el ambiente y los recursos naturales establecidos en la

presente Ley.

Arto. 57. Perímetro para corte de árboles. El perímetro de prohibición de

cortar árboles y arbustos comprende para los efectos de esta Ley, un

radio de 400 metros arriba de los manantiales que nacen en la

montaña, y una faja de 200 metros medidos de cada orilla de las

vertientes en toda la extensión de su curso, o dentro de un radio

igual a 200 metros alrededor de las fuentes que nacen en terrenos

planos, ya sea o no que se transformen o no en corrientes

temporales o permanentes.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

Arto. 58. Incorporación al Código Penal. Las disposiciones establecidas en

esta Ley serán incorporadas adecuadamente en el Tercer Libro del

nuevo Código Penal y en cuanto al procedimiento, se sujeta a lo

establecido en el Código Procesal Penal (CPP).

Arto. 59. Previo a su entrada en vigencia el Poder Ejecutivo garantizará una

amplia difusión y divulgación de esta Ley a través de los medios

escritos, radiales y televisivos, a nivel de todas las regiones

autónomas, departamentos y municipios del país.

Arto. 60. Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia ciento ochenta días

(180) después de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Ley No. 559

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional,

los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil cinco.

RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ

Presidente de la

Asamblea Nacional

MARÍA AUXILIADORA ALEMÁN ZEAS

Secretaria de la

Asamblea Nacional

Por tanto: Téngase como ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua,

dieciocho de noviembre del año dos mil cinco. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, Presidente

de la República de Nicaragua.

1 comment:

Anonymous said...

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