Thursday, April 20, 2006

Ley de Delitos contra el Ambiente y Recursos Naturales

LEY No. 559
LEY ESPECIAL DE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
Y LOS RECURSOS NATURALES
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
Hace saber al pueblo nicaragüense que:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
CONSIDERANDO
I
Que la Constitución Política establece que es obligación del Estado preservar y
garantizar a los ciudadanos un ambiente saludable y en armonía con la
naturaleza.
II
Que la existencia de la vulnerabilidad ambiental cada día se agrava más como
producto del accionar de la sociedad sobre la naturaleza, que afecta a nuestros
recursos naturales y por ende al patrimonio de todos los nicaragüenses, poniendo
en riesgo la calidad y condiciones del medio ambiente y la salud, a través de la
contaminación de los suelos, las aguas y la atmósfera en sus diferentes
modalidades como los ruidos, olores, vertidos, basura y desechos nocivos, la tala,
quema y destrucción de nuestros bosques de manera indiscriminada, entre otras
principales actividades.
III
Que para coadyuvar en un verdadero desarrollo humano sostenible y mientras se
aprueba el nuevo Código Penal, se hace necesario tomar medidas urgentes y
coercitivas ante los impactos ambientales negativos y prácticas que violentan
normas elementales de comportamiento y convivencia social, principios de ética y
humanitarios, que se incrementan cada día, para lo cual es necesario establecer la
2
tipificación de algunas acciones más relevantes como delitos en contra del
ambiente y los recursos naturales, mediante una legislación especial que permita
frenar el avance acelerado de la degradación y pérdida de nuestros ecosistemas.
En uso de sus facultades;
HA DICTADO
La siguiente:
LEY ESPECIAL DE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
Y LOS RECURSOS NATURALES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Arto. 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto tipificar como delitos contra
el medio ambiente y los recursos naturales, las acciones u omisiones
que violen o alteren las disposiciones relativas a la conservación,
protección, manejo, defensa y mejoramiento del ambiente y los
recursos naturales, así como, el establecimiento de la
responsabilidad civil por daños y perjuicios ocasionados por las
personas naturales o jurídicas que resulten con responsabilidad
comprobada.
Arto. 2. Competencia. La Fiscalía General de la República será la autoridad
responsable de conocer y tramitar las denuncias respectivas, por la
violación a las disposiciones establecidas en la presente Ley. La
aplicación de la presente Ley y su Reglamento corresponde al Poder
Judicial a través de los Juzgados Locales y Juzgados de Distritos del
Crimen y de lo Civil, establecidos en todo el país. La Procuraduría
para la Defensa del Ambiente y de los Recursos Naturales, será
parte en los procesos ejerciendo la representación y defensa de los
intereses del Estado en esta materia.
Arto. 3. Definiciones. Para efectos de esta Ley, pasan a formar parte de la
misma las definiciones establecidas en la Ley General del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales, Ley 217, del 6 de junio de 1996 y
las contenidas en otras leyes de carácter sectorial, así como la de los
convenios o tratados internacionales ratificados por Nicaragua en
materia ambiental.
Arto. 4. Normas técnicas. Para establecer la conducta ilícita, la autoridad
judicial deberá observar y auxiliarse de lo que para tal efecto
determinen las normas técnicas obligatorias u otras normativas
ambientales, que fijen los límites permisibles al ambiente, dictadas
por las instituciones competentes de conformidad a sus atribuciones
establecidas en la Ley de la materia.
Arto. 5. Medidas cautelares. Durante el proceso judicial de delitos contra el
medio ambiente y los recursos naturales, la autoridad competente, ya
sea de oficio o a petición de parte o de la Procuraduría para la
Defensa del Ambiente y de los Recursos Naturales, deberá adoptar
medidas cautelares o de orden legal, con el fin de restaurar, prevenir
o evitar la continuidad de los efectos del daño causado, entre estas
las siguientes:
a) Realización de acciones necesarias para restablecer los
ecosistemas afectados al estado en que se encontraban antes
de cometer el delito.
b) Suspensión, cancelación, modificación o demolición de las
construcciones, obras o actividades que hubieren dado lugar a
la realización del delito.
c) Devolución de ejemplares o especies de la biodiversidad a los
hábitat de donde fueron sustraídos.
CAPITULO II
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE
Arto. 6. Contaminación del suelo. Las personas naturales o jurídicas que
de forma dolosa sin autorización correspondiente de la autoridad
competente realicen directa o indirectamente, o autoricen y permitan
el descargue, depósito o infiltración de aguas residuales, líquidos o
materiales químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes
tóxicos en los suelos, por lo que se ocasione o pueda ocasionar
inminentemente daños a la salud, a los recursos naturales, la
biodiversidad, calidad del agua o a los ecosistemas en general, se
les impondrá una pena de seis meses a cinco años de prisión y multa
en córdobas equivalente entre un mil (U$ 1,000.00) a cincuenta mil
dólares (U$ 50.000). Esto sin menoscabo del pago de los daños
causados a terceros.
Arto. 7. Contaminación de aguas. La misma pena del artículo anterior se
impondrá a las personas naturales o jurídicas que de forma dolosa
sin autorización correspondiente de la autoridad competente realicen
directa o indirectamente, o autoricen y permitan el descargue,
depósito o infiltración de aguas residuales, líquidos o materiales
químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes tóxicos en aguas
marinas, ríos, cuencas y demás depósitos o corrientes de agua, que
ocasionen o puedan ocasionar inminentemente daños a la salud, a
los recursos naturales, la biodiversidad, calidad del agua o a los
ecosistemas en general.
Arto. 8. Contaminación Atmosférica. El que de forma dolosa y sin la
autorización correspondiente de la autoridad competente, mediante
el uso o la realización de quemas de materiales sólidos y líquidos,
químicos o bioquímicos o tóxicos, genere o descargue emisiones
puntual o continua que contaminen la atmósfera y el aire con gases,
humo, polvos o contaminantes que ocasionen daño a la salud de las
personas, a los recursos naturales, la biodiversidad o a los
ecosistemas, se le impondrá la misma pena señalada en el artículo
anterior.
Arto. 9. Contaminación por ruido. El que utilizando medios sonoros,
electrónicos o acústicos de cualquier naturaleza, tales como
altoparlantes, radios, equipos de sonido, alarmas, pitos, maquinarias
industriales, plantas o equipos de cualquier naturaleza y propósitos,
instrumentos musicales y micrófonos, entre otros, ya sea en la vía
pública, en locales, en centros poblacionales, residenciales o
viviendas populares o de todo orden, cerca de hospitales, clínicas,
escuelas o colegios, oficinas públicas, entre otras; produzcan sonidos
a mayores decibeles que los establecidos por la autoridad
competente y de las normas y recomendaciones dictadas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), que causen daño a la salud o
perturben la tranquilidad y descanso diurno y nocturno de los
ciudadanos será sancionado con multas equivalentes entre C$ 5,000
a C$ 20,000 mil córdobas después de dos llamados de atención por
la autoridad competente en la alcaldía municipal respectiva, además
de la suspensión, cancelación o clausura de las actividades que
generan el ruido o malestar.
Las actividades tales como: Campañas evangelísticas masivas
realizadas al aire libre en: Plazas, parques y calles requerirán
autorización municipal y/o policial.
Se exceptúan las actividades de las congregaciones religiosas dentro
de sus templos, tales como: Cultos, ayunos congregacionales
diurnos y vigilias nocturnas.
Se exceptúan los que tengan establecidos sistemas de protección
acústica que impidan la emisión de sonidos, música o ruidos, hacia
fuera de los locales debidamente adecuados para tales fines y que
cuenten con la autorización municipal y policial correspondiente y
dentro de los horarios permitidos.
Arto. 10. Transporte de materiales y desechos tóxicos, peligrosos o
contaminantes. Las personas naturales o jurídicas que de forma
dolosa y con grave peligro a la salud de las personas y al medio
ambiente transporten en cualquier forma materiales y desechos
tóxicos, peligrosos y contaminantes o a quien autorice u ordene su
realización en contravención a la legislación ambiental vigente en
esta materia, se le impondrá una pena de seis meses a cinco años
de prisión y multa en córdobas equivalente entre cinco mil (U$
5,000.00) a cincuenta mil dólares (U$ 50.000).
Arto. 11. Almacenamiento, manipulación o derrame de sustancias
tóxicas, peligrosas o contaminantes. Las personas naturales o
jurídicas que de forma dolosa, almacenen, distribuyan, comercialicen,
transporten, manipulen o utilicen gasolina, diesel, kerosen u otros
derivados del petróleo, gas butano, insecticidas, fertilizantes,
plaguicidas o cualquier otro agroquímico, sustancia peligrosas,
explosivas, viertan o dispongan desechos o residuos sólidos, líquidos
o gaseosos que sean tóxicos o materiales radioactivos, sin cumplir
con las medidas y precauciones establecidas en la legislación
vigente, por cuyas causas se produzcan derrames o fugas que
gravemente expongan a las personas al peligro o provoquen daños
graves a los suelos, a la salud de la población, al medio ambiente y
los recursos naturales, será sancionado con prisión de tres a cinco
años y multa equivalente en córdobas entre cincuenta mil (U$
50,000.00) a cien mil (U$ 100,000.00) dólares, además del cierre
temporal o definitivo del sitio afectado y la reparación a su costa del
daño causado.
Arto. 12. Desechos degradables o no biodegradables. Las personas
naturales o jurídicas que de forma dolosa y sin la autorización
correspondiente de la autoridad competente arrojen cualquier clase
de basura o desechos degradables y no biodegradables de cualquier
naturaleza a cauces pluviales, quebradas, ríos, lagos, lagunas,
esteros, cañadas, predios vacíos, vías públicas, plazas, parques,
áreas verdes, playas o cualquier otro lugar no autorizado para ese fin
y que cause o pueda causar inminentemente graves daños a la
salud o al medio ambiente, será sancionado con multa equivalente
en córdobas de cincuenta dólares (U$ 50.00) a un mil dólares (U$
1.000.00). En caso de personas jurídicas la multa será el equivalente
en córdobas de cinco mil dólares ( U$ 5.000.00) a cincuenta mil
dólares (U$ 50.000.00), en caso de no pagar multa señalada se
impondrá la pena de prisión de seis meses a un año.
Arto. 13. Aumento de las penas. Las penas establecidas en los artículos
anteriores, serán aumentadas en cinco veces, en los siguientes
supuestos, cuando:
a) El daño se ocasione a reservorios de agua destinada para
consumo humano.
b) Se destruyan manglares o rellenen lagunas naturales o
artificiales o esteros.
c) Afecten los suelos y subsuelos de asentamientos
poblacionales y la salud de las personas.
d) Se realice dentro de las Áreas Protegidas.
e) Destruyan total o parcialmente ecosistemas costeros
marítimos.
f) Se realicen en áreas declaradas por la autoridad competente,
como de especial valor biológico, ecológico, educativo,
científico, histórico, cultural, recreativo, arqueológico, estético
o de desarrollo económico.
g) Causen daño directo o indirecto a una cuenca hidrográfica.
h) Afecten recursos hidrobiológicos.
i) La quema de materiales sólidos, líquidos, químicos y
biológicos se produzcan en calles o avenidas de ciudades,
centros poblacionales o predios urbanos.
j) La contaminación se produzca por imprudencia temeraria.
k) Como producto del ruido excesivo y/o continuo se produzcan
daños severos comprobados a la salud de las personas.
l) Reincidencia en la realización del ilícito.
m) Ocasionen enfermedades contagiosas que constituyan peligro
para las personas y las especies de vida silvestre.
n) Sean cancerígenas o alteren la genética de las personas.
o) Ocasionen riesgos de explosión, o sean inflamables o
sustancialmente radioactivos.
Arto. 14. Penas para empleados o funcionarios públicos. Las mismas
sanciones se impondrán si las conductas antes señaladas son
realizadas u ordenadas por empleado o funcionario público en el
ejercicio de sus funciones, además de inhabilitarlo para ejercer
empleo o cargos públicos durante dos años.
Arto. 15. Violación a lo dispuesto en el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA). La persona natural o jurídica que altere, dañe o degrade el
ambiente por violación de los límites y previsiones del Estudio de
Impacto Ambiental, aprobado por la autoridad ambiental respectiva,
será sancionado con prisión de 2 a 4 años e inhabilitación para
ejercer cargos públicos.
Arto. 16. Información falsa al Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La
persona natural o jurídica autorizada para elaborar o realizar
Estudios de Impacto Ambiental, que incorpore o suministre
información falsa en los documentos, informes, estudios,
declaraciones, auditorías, programas o reportes que se presenten a
la autoridad correspondiente, permitiendo la realización o desarrollo
de un proyecto u obra, que produzca daños al ambiente, a sus
componentes, a la salud humana o a la integridad de los procesos
ecológicos, será sancionada de 2 a 4 años de prisión.
Si por causa de lo anterior sobreviene la extinción de una especie, la
destrucción de un ecosistema, reservorios o fuentes de agua o el
daño es irreversible que afecte a toda una comunidad o a gran
número de personas, la sanción se aumentará en cinco veces de la
establecida en el párrafo anterior.
Arto. 17. Funcionario que permita información falsa al EIA. El funcionario
público encargado de aprobar, revisar, fiscalizar, o dar seguimiento a
los Estudios de Impacto Ambiental, que dolosamente permita la
incorporación o suministro de información falsa, de conformidad al
artículo anterior, será sancionado con pena de 2 a 4 años de prisión
e inhabilitación para el ejercicio de cargo público por igual período.
CAPÍTULO III
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES
Arto. 18. Aprovechamiento ilegal de recursos naturales. La persona natural
o jurídica que sin autorización de la autoridad competente o
excediéndose de lo autorizado, aproveche los recursos naturales,
será sancionado de 6 meses a 2 años de prisión, además de restituir
a su costa la situación a su estado anterior al ilícito.
Arto. 19. Desvío de corrientes de aguas. El que sin autorización de la
autoridad competente, o excediéndose de la autorización concedida,
construya diques, muros de contención, obstruya, retenga, desvíe o
haga disminuir el libre curso de las aguas de los ríos, quebradas u
otras vías de desagüe natural, de manera permanente, afectando
directamente los ecosistemas, la salud de la población o las
actividades económicas, será sancionado con pena de 1 a 3 años de
prisión, debiendo además restituir a su costa la situación a su estado
anterior.
Arto. 20. Impedir aprovechamiento de las aguas. El concesionario
autorizado a usar las aguas para generación de energía
hidroeléctrica, que impida a las comunidades aledañas al proyecto el
aprovechamiento de las aguas en cualquiera de su estado para
consumo personal, será sancionado con una multa en córdobas
equivalente entre tres mil (U$ 3.000.00) a quince mil (U$ 15.000.00)
dólares.
Arto. 21. Pesca en época de veda. El que pesque o realice actividades de
extracción, recolección, captura, comercio y transporte de recursos
hidrobiológicos, en áreas prohibidas o en época de veda, será
sancionado con prisión de 1 a 2 dos años y el decomiso del producto.
La pena se aumentará al doble, si en dichas actividades se utilizan
aperos no autorizados o prohibidos por la autoridad competente, o se
capturen o extraigan ejemplares declarados amenazados o en
peligro de extinción de conformidad a los apéndices del Convenio
CITES (Convención Internacional) o que no cumplan con las tallas y
pesos mínimos de captura establecidos por la autoridad competente.
Arto. 22. Trasiego de pesca o descartes en alta mar. El que trasiegue
productos de la pesca en alta mar o no lo desembarque en puertos
nicaragüenses, será sancionado de tres a cinco años de prisión, el
decomiso del producto y la cancelación definitiva de la Licencia.
Con igual pena se sancionará al que realice descartes masivos de
productos pesqueros al mar o capture tiburones solamente para
cortarle las aletas.
Arto. 23. Pesca sin dispositivos de conservación. Las personas autorizadas
a realizar pesca que no lleven instalado en sus embarcaciones los
dispositivos de conservación y protección de especies establecidas
por la legislación nacional y los Convenios Internacionales de los que
el pais es suscriptor, será sancionado de dos a cuatro años de
prisión.
Arto. 24. Pesca con explosivos. El que pesque con elementos explosivos,
venenos u otra forma de pesca destructiva, así como el uso de
trasmallos en bocanas y arrecifes naturales será sancionado de dos
años a cuatro años de prisión y el decomiso de los equipos e
instrumentos utilizados.
Arto. 25. Pesca con bandera no autorizada. El que realice actividades
pesqueras con embarcaciones industriales o artesanales de bandera
extranjera sin la debida autorización, será sancionado de uno a dos
años de prisión y decomiso de la embarcación.
Arto. 26. Captura de especies de la biodiversidad. El que capture
especímenes de la biodiversidad, animal o vegetal o de recursos
genéticos, sin el permiso respectivo y con el fin de traficar,
comercializar o exportar, será sancionado de 3 a 5 años de prisión y
con multa equivalente en córdobas entre mil (U$ 1.000.00) a diez mil
(U$ 10.000.00) dólares.
Arto. 27. Caza de animales en peligro de extinción. El que cace animales
que han sido declarados en peligro de extinción por los Convenios
Internacionales ratificados por el país, será sancionado de 2 a 4
años de prisión y multa equivalente en córdobas de cinco mil
(US$5,000.00) a veinte mil (U$20.000.00) dólares. La pena será
aumentada al doble, si la actividad se realiza en áreas protegidas.
Si la caza se realiza sobre especies de animales que no están en
peligro de extinción, pero sin el permiso de la autoridad competente o
en áreas protegidas, la sanción será una multa equivalente en
córdobas entre doscientos (U$ 200.00) a un mil (U$ 1.000.00)
dólares).
Arto. 28. Comercialización de fauna y flora. Las personas interesadas en la
comercialización o venta pública de especies de la fauna o flora
silvestre, que no estén catalogadas como en peligro de extinción o
restringida su comercialización, deberán contar con un permiso
especial otorgado por la autoridad competente. Su incumplimiento
será sancionado con multa equivalente en córdobas de un mil (U$
1,000.00) a cinco mil (U$ 5.000.00) dólares y el decomiso de las
especies.
A quienes violaren lo establecido en el Convenio sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES) y
su legislación respectiva, serán sancionados con multas equivalente
en córdobas de dos mil dólares (U$2,000.00) a diez mil dólares
(U$10,000.00).
La reincidencia para ambos casos será penada con el doble de la
multa establecida y prisión de 6 meses a 1 año.
Arto. 29. Incendios forestales. El que provoque de manera dolosa,
negligente o incite a otros a la realización de incendios forestales o
promueva actividades idóneas para su ejecución, será sancionado
con 2 a 4 años de prisión y multa equivalente en córdobas a
quinientos dólares (U$ 500.00) por cada hectárea dañada.
Las personas autorizadas a realizar quemas agrícolas que causen
daños fuera del área destinada para la quema, quedan sujetas a las
sanciones establecidas en el párrafo primero.
Las personas que realicen quemas agrícolas sin la debida
autorización y causen daños fuera del área destinada se le aplicará
en dos veces las sanciones establecidas en el párrafo anterior.
Se exceptúan de estas sanciones las quemas controladas y
autorizadas por la autoridad competente.
Arto. 30. Tala rasa y veda forestal. El que tale en forma rasante, remueva
total o parcialmente la vegetación herbácea, o destruya árboles o
plantas en terreno estatales, baldíos, comunales, propiedad particular
y vías públicas, será sancionado con multa equivalente en córdobas
de trescientos (U$ 300.00) dólares a tres mil dólares (U$3,000.00)
dólares.
La pena será aumentada al doble si las actividades descritas en los
párrafos anteriores, se realizan en bosques primarios o secundarios
en cantidades superiores a tres hectáreas, en áreas protegidas o
cuencas hidrográficas. Igual pena se aplicará al funcionario público
que lo autorice o lo permita.
Se exceptúa el aprovechamiento que se realice con fines de uso o
consumo doméstico dentro de la misma comunidad.
El que realice actividades prohibidas en las disposiciones de una
veda forestal será sancionado con prisión de 2 a 4 años, además del
decomiso del producto y de las herramientas y medios utilizados,
incluyendo el medio de transporte usado para estos fines.
Arto. 31. Talas en vertientes y pendientes. El que deforeste, tale o destruya
árboles o arbustos, aún siendo el propietario destinados a la
protección de vertientes o manantiales naturales o áreas de recarga,
será sancionado de 2 a 4 años de prisión y multa equivalente en
córdobas de doscientos (U$ 200.00) a cinco mil (U$ 5.000.00)
dólares, debiendo además sembrar cinco árboles por cada árbol
talado de la misma especie.
Igual pena se aplicará al que realice cambios de uso de suelos con
vocación forestal sin la debida autorización.
Arto. 32. Corte, transporte y comercialización ilegal de madera. El que
corte, transporte y comercialice recursos forestales sin el respectivo
permiso de la autoridad competente, será sancionado con prisión de
dos a cuatro años y multa equivalente al doble del precio de
referencia internacional del producto.
Arto. 33. Corte o poda de árboles en casco urbano. Las personas naturales
o jurídicas que corten o poden árboles que se encuentran en los
alrededores de una propiedad ubicada en el casco urbano de la
ciudad sin el permiso del INAFOR, será sancionado con multa
equivalente en córdobas de cincuenta (U$ 50.00) a un mil (U$
1.000.00) dólares.
Las podas de ramas o árboles a orillas de las carreteras, avenidas,
calles o bulevares deberán realizarse con el permiso del INAFOR y
utilizando las técnicas recomendadas para estos casos, su
incumplimiento será sancionado con multa equivalente en córdobas
de cincuenta (U$ 50.00) a doscientos (U$200.00) dólares.
Arto. 34. Incumplir con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Las
personas naturales o jurídicas que deforesten, talen o destruyan,
remuevan total o parcialmente la vegetación herbácea, o árboles sin
cumplir con los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y las normativas
técnicas y ambientales establecidas por la autoridad competente,
será sancionado de 2 a 4 años de prisión y multa equivalente en
córdobas de doscientos (U$ 200.00) a cinco mil (U$ 5.000.00)
dólares.
Arto. 35. Comercio ilegal de minerales. Ocultar, exportar o vender
sustancias minerales con fines fraudulentos se considerará como
defraudación fiscal y se sancionará con una pena de 2 años a 5 años
de prisión y el decomiso del producto. La reincidencia será penada
con el doble de la pena establecida.
CAPITULO IV
OTROS DELITOS
Arto. 36. Lotificación, Urbanización y Construcción. La persona que
lotifique, urbanice y construya en suelos no autorizados o de riesgos,
incumpliendo la normativa existente y poniendo en grave peligro al
ambiente o a los bienes y la vida de la población, será sancionada
con prisión de 3 a 6 años y multa equivalente en córdobas entre
cinco mil (U$5,000.00) a veinte mil (US$20,000.00) dólares. En este
caso el juez ordenará la demolición de la obra.
El servidor público que otorgue permisos o autorizaciones de obras o
proyectos en zonas de alto riesgo o inundables, será sancionado con
la mitad de la pena de prisión establecida en el párrafo anterior,
además de sufrir la inhabilitación especial para ejercer el cargo, la
profesión, oficio, comercio u otros derechos relacionados con el ilícito
cometido. En este caso el juez ordenará la demolición de la obra a
costa del acusado.
Arto. 37. Daños físicos o maltrato a animales. A la persona que se le
compruebe la realización de maltratos, crueldad o ensañamiento a
animales de cualquier especie, sean domésticos o no, e
independientemente al uso o finalidad de los mismos, aún siendo de
su propiedad, causándoles daños físicos por golpes, castigos o
trabajos manifiestamente excesivos que lo lleven a padecer de
impedimentos o causen daños a su salud, estrés o la muerte, será
sancionada con multa equivalente en córdobas de cincuenta (U$
50.00) a quinientos (U$ 500.00) dólares.
Igualmente se sancionará con el doble de la multa y prisión de 1 a 3
años, a la persona que realice espectáculos violentos o sangrientos
entre animales, sean en lugares públicos o privados, mediando
apuestas o sin ellas.
Se exceptúan aquellos espectáculos o juegos de tradición popular,
como peleas de gallos y corridas de toro.
Arto. 38. Incumplimiento de pago de canon o multas. Las personas
naturales o jurídicas que no realicen en tiempo y forma los pagos de
cánones por aprovechamiento de recursos naturales y/o el pago de
las multas por sanciones impuestas por la autoridad competente,
serán sancionadas con una pena de 1 año a cinco años de prisión.
Arto. 39. Introducción de especies invasoras, agentes biológicos o
bioquímicos. Las personas naturales o jurídicas que introduzcan,
utilicen o propaguen en el país especies de flora y fauna invasoras,
agentes biológicos o bioquímicos capaces de alterar
significativamente las poblaciones de animales o vegetales o pongan
en peligro su existencia, además de causar daños al ecosistema y la
biodiversidad, sin la debida autorización, se sancionarán con prisión
de seis meses a un año de prisión y una multa equivalente en
córdobas de un mil (U$ 1.000.00) a diez mil (U$ 10,000.00) dólares.
Arto. 40. Alteración del entorno o paisaje natural. La alteración significativa
o perturbadora del entorno y paisaje natural urbano o rural, de su
perspectiva, belleza y visibilidad panorámica, mediante
modificaciones en el terreno, construcciones de diferentes
naturaleza, rótulos o anuncios de propaganda de cualquier tipo,
instalación de antenas, postes y torres de transmisión de energía
eléctrica o de comunicaciones que no cuenten con el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) y con las autorizaciones de las autoridades
correspondientes, municipales o del Gobierno Central, según su
ubicación, serán sancionados con multas equivalentes en córdobas
de quinientos dólares (U$ 500.00) a diez mil dólares (U$10,000.00),
más la demolición de la construcción o retiro de los objetos a costa
del que cometa el delito.
La reincidencia se sancionará con el doble de la multa más prisión de
6 meses a 1 año.
Arto. 41. Escala de intensidad de sonidos. Para efecto de lo establecido en
el artículo 9 de la presente Ley, se deberá incluir como contaminante
ambiental el ruido producido por los escapes de automotores.
Asimismo, se define al decibel como la unidad de medida en una
escala logarítmica que sirve para expresar la intensidad de un
sonido. De conformidad a la Guía para el Ruido Urbano de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), se establece una escala
con intensidades máximas tolerables que no afecten la salud de las
personas, en los valores siguientes:
a) Para dormitorios en las viviendas 30 decibeles para el ruido
continúo y 45 para sucesos de ruido únicos. Durante la noche
los niveles de sonido exterior no deben exceder de 45
decibeles a un metro de las fachadas de las casas.
b) En las escuelas, colegios y centros preescolares el nivel de
sonido de fondo no debe ser mayor de 35 decibeles durante
las clases.
c) En los hospitales durante la noche no debe exceder 40
decibeles y en el día el valor guía en interiores es de 30
decibeles.
d) En las ceremonias, festivales y eventos recreativos el sonido
debe ser por debajo de los 110 decibeles.
El Reglamento de esta Ley podrá establecer otros valores guías no
contemplados en esta disposición, que deberán ser observados.
El incumplimiento a lo antes señalado será sancionado de
conformidad a las penas señaladas en el artículo 9 de la presente
Ley.
CAPITULO V
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
Arto. 42. Cuantía de daños. Toda persona penalmente responsable de un
delito contra el ambiente y los recursos naturales es también
civilmente si del ilícito resultan daños o perjuicios. El juez de la
causa establecerá en su sentencia de manera razonada la
fundamentación en que se basa para la cuantía de los daños e
indemnizaciones, para lo cual deberá auxiliarse de las actas
levantadas por los técnicos e inspectores de las autoridades
competentes en la materia, sin perjuicio de los peritajes que el propio
juez requiera de oficio o a petición de parte.
Arto. 43. Reparación del daño. La reparación del daño será el
restablecimiento de la situación anterior al daño ambiental, en los
casos que sea posible, y subsidiariamente, en la indemnización
económica al Estado por el daño y perjuicio ocasionado al ambiente
y los recursos naturales, incluyendo a los particulares o
comunidades, en su caso.
La responsabilidad civil en la reparación del daño al ambiente y los
recursos naturales no prescribe ni para el responsable directo o
quien lo sustituya legalmente.
Arto. 44. Responsabilidad solidaria. Si del ilícito resultaren varias personas
responsables del daño ambiental, la responsabilidad será solidaria.
El empleado o funcionario público que por acción u omisión autorice
o permita la realización de acciones que causen daños al ambiente y
los recursos naturales, será solidariamente responsable y responderá
con su patrimonio por los daños ocasionados.
Arto. 45. Indemnización. Los directivos o representantes de personas
jurídicas, compañías o sociedades que se vean involucrados
directamente en delitos contra el ambiente y los recursos naturales,
responderán con su patrimonio personal cuando el de la persona
jurídica, sociedad o compañía sea insuficiente para cubrir la
reparación del daño o la indemnización correspondiente.
.
Arto. 46. Sanciones penales y administrativas. La responsabilidad civil por
delitos contra el ambiente y los recursos naturales no impide las
sanciones de carácter penal y administrativas a que sean
merecedoras los autores del hecho.
Arto. 47. Garantía financiera. Toda actividad, obra, carreteras, caminos,
represas, urbanizaciones, lotificaciones, construcción, instalación,
industria, exploración y explotación de recursos naturales que una
vez iniciada su ejecución vaya a producir modificaciones a las
condiciones físicas, químicas o biológicas a la fauna, flora, suelo,
atmósfera, agua, paisajes, estructuras y funcionamiento del
ecosistema en general, está condicionada para su autorización
además del Estudio de Impacto Ambiental, a la presentación de una
garantía financiera suficiente a juicio del MARENA y la Procuraduría
para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, para
cubrir el riesgo de reparación de los daños ambientales.
CAPITULO VI
DE LAS MULTAS
Arto. 48. Sentencia motivada. En la aplicación de las multas a que se hace
referencia en los artículos anteriores, los jueces y tribunales la fijarán
en sentencia motivada, debiendo tomar en cuenta la situación
económica del imputado, así como la gravedad del hecho,
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó y las
características y antecedentes del autor en relación con la conducta
delictiva.
Arto. 49. Pago de multas. Las multas impuestas por la comisión de delitos
contra el ambiente y los recursos naturales deberán pagarse dentro
de los treinta días de haberse dictado la sentencia, pudiendo el juez
a solicitud de parte establecer prórrogas o plazos mayores o cuotas
sucesivas si lo estima conveniente, además de tomar las medidas
necesarias en caso de no cumplir la persona condenada con el pago
respectivo.
Arto. 50. Destino de las multas. Lo obtenido como producto de las multas
impuestas será manejado a través del Fondo Nacional del Ambiente,
creado por la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales, del veintisiete de marzo de 1996, y conforme a
su Reglamento, Decreto 91-2001 del 24 de septiembre de 2001.
CAPITULO VII
DISPOSICIONES COMUNES
Arto. 51. Decomiso. Sin perjuicio de la aplicación de las penas establecidas
en los artículos anteriores, la autoridad judicial ordenará el decomiso
de todos los instrumentos, vehículos, equipos, armas y otros objetos
utilizados en la comisión de los delitos, así como los productos,
subproductos, partes, beneficios y derivados que se hayan obtenido
de estos.
Lo decomisado deberá pasar a un Fondo Especial que estará bajo la
responsabilidad y custodia del MARENA. El Estado atenderá las
necesidades presupuestarias para financiar total o parcialmente
proyectos o programas dirigidos a la protección o a sufragar los
costos para la devolución de las especies de la fauna silvestre a su
habitat o apoyar la manutención de las mismas en los zoológicos
establecidos en todo el país.
Arto. 52. Suspensión de la pena de prisión.- La autoridad judicial que
conoce de la causa, podrá suspender o reemplazar la pena de
prisión, siempre y cuando se cumpla con las obligaciones de
mitigación, restauración, reparación del daño y de otras
responsabilidades, de conformidad a la valoración técnica que realice
la autoridad ambiental competente y la aceptación de los afectados.
Sin embargo, los condenados por alguno de los delitos establecidos
en la presente Ley, además de la pena que le corresponde por el
ilícito, serán inhabilitados para contratar, directa o indirectamente con
la administración pública hasta por un término de tres años.
Arto. 53. Reparación voluntaria. Se podrá suspender la acción penal si el
culpable de la realización de cualquiera de los delitos tipificados en
los artículos anteriores, hubiera voluntariamente ejecutado la
reparación del daño causado, siempre y cuando este no sea grave,
sus efectos sean reversibles y se cumpla con las obligaciones de
mitigación, restauración, reparación del daño y otras
responsabilidades, para lo cual el juez de la causa tomará en
consideración la valoración técnica que realice la autoridad ambiental
competente.
Arto. 54. Suspensión de Licencias o permisos. Las personas jurídicas que
promuevan, ocasionen, subsidien o dirijan algunos de los hechos
tipificados como delitos en esta Ley, serán sancionadas con la
suspensión de la licencia o permiso de operaciones de uno a tres
años, según la gravedad del daño causado y la inhabilitación para
contratar con la administración pública por un plazo de dos años.
Arto. 55. Atenuantes. Serán considerados como atenuantes por la autoridad
judicial, aplicables a los delitos establecidos en esta Ley y reduciendo
la pena hasta las dos terceras partes en los casos siguientes:
a) Cuando el ilícito se realice por razones de subsistencia y en
áreas de extrema pobreza.
b) Cuando los autores o el autor muestre arrepentimiento activo y
repare y compense inmediatamente el daño causado o
restaure o mitigue los efectos causados.
Arto. 56. Dictámenes técnicos. Las autoridades civiles y militares
competentes deberán colaborar con el judicial de la causa brindando
los dictámenes técnicos o periciales necesarios para el
esclarecimiento de las denuncias presentadas por la comisión de
delitos contra el ambiente y los recursos naturales establecidos en la
presente Ley.
Arto. 57. Perímetro para corte de árboles. El perímetro de prohibición de
cortar árboles y arbustos comprende para los efectos de esta Ley, un
radio de 400 metros arriba de los manantiales que nacen en la
montaña, y una faja de 200 metros medidos de cada orilla de las
vertientes en toda la extensión de su curso, o dentro de un radio
igual a 200 metros alrededor de las fuentes que nacen en terrenos
planos, ya sea o no que se transformen o no en corrientes
temporales o permanentes.
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
Arto. 58. Incorporación al Código Penal. Las disposiciones establecidas en
esta Ley serán incorporadas adecuadamente en el Tercer Libro del
nuevo Código Penal y en cuanto al procedimiento, se sujeta a lo
establecido en el Código Procesal Penal (CPP).
Arto. 59. Previo a su entrada en vigencia el Poder Ejecutivo garantizará una
amplia difusión y divulgación de esta Ley a través de los medios
escritos, radiales y televisivos, a nivel de todas las regiones
autónomas, departamentos y municipios del país.
Arto. 60. Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia ciento ochenta días
(180) después de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Ley No. 559
Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional,
los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil cinco.
RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ
Presidente de la
Asamblea Nacional
MARÍA AUXILIADORA ALEMÁN ZEAS
Secretaria de la
Asamblea Nacional
Por tanto: Téngase como ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua,
dieciocho de noviembre del año dos mil cinco. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, Presidente
de la República de Nicaragua.

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